Reunidos en Madrid, España, el 27 de mayo de 2012, nosotros, los delegados del VI Congreso Mundial de Familias reafirmamos la verdad de que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). La familia natural está inscrita en la naturaleza humana y se basa en la unión voluntaria de un hombre y una mujer en la alianza matrimonial de por vida. La institución del matrimonio sobre todo ofrece a la pareja amor y alegría y también tiene como objetivo la procreación y la educación de los hijos. La unión matrimonial también ofrece (i) seguridad en tiempos de problemas, (ii) el fundamento de una sociedad que equilibre el orden y la libertad y (iii) la solidaridad entre generaciones.

Por desgracia, en nuestros tiempos, los ataques a la familia natural están creciendo en número e intensidad. Las ideologías del estatismo, el individualismo atomista y la revolución sexual ponen en entredicho la esencia del matrimonio y de la familia. Recientes cambios en las leyes y en las políticas públicas de gobiernos de todo el mundo corrompieron el significado y la dignidad del matrimonio, devaluaron la paternidad, alentaron el divorcio fácil y los nacimientos fuera del matrimonio, confundieron identidades sexuales, promovieron la promiscuidad, crearon las condiciones para que aumentara el abuso infantil, aislaron a los ancianos y fomentaron la despoblación. Estos cambios fueron particularmente agudos en Europa en las últimas décadas y, más concretamente, en la nación de España durante los años 2004-2011, cuando un gobierno radical trabajó efectivamente para subvertir la familia natural.

Como respuesta a todo ello, el VI Congreso Mundial de Familias aprueba un conjunto de principios para crear un entorno cultural y político que sea compatible con la vida, la libertad y la esperanza para el futuro:

• Afirmamos que la familia natural, no el individuo, es la unidad fundamental de la sociedad.
• Afirmamos que la familia natural es la unión de un hombre y una mujer a través del matrimonio creada con el fin de compartir el amor y la alegría, engendrar niños, proveer su educación moral, construir una economía doméstica, ofrecer seguridad en tiempos de crisis y unir a las generaciones.
• Afirmamos que la familia natural es un elemento fijo del orden creado, arraigado en la naturaleza humana. La familia natural no puede convertirse en una realidad de nueva creación, ni puede ser re-definida por los entusiastas de la ingeniería social.
• Afirmamos que la familia natural es el sistema familiar ideal y verdadero. Si bien reconocemos múltiples situaciones de hecho, los otros “tipos de familia” adolecen de alguna carencia o son meras invenciones del Estado.
• Afirmamos que el vínculo sexual auténtico es la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, el único abierto a la natural y responsable creación de una nueva vida.
• Afirmamos la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Cada persona recién concebida tiene derecho a vivir, a crecer, a nacer y a compartir un hogar con sus padres naturales unidos por el matrimonio. El aborto, la eutanasia y todas las formas de manipulación de los seres humanos en estado embrionario o fetal, por lo tanto, son ataques contra la vida humana.
• Afirmamos que la familia natural es anterior al Estado y los gobiernos legítimos existen para proteger y apoyar la familia.
• Afirmamos que el mundo es abundante en recursos. El debilitamiento de la familia natural y el fracaso moral y político, y no la “sobrepoblación” humana, han causado la pobreza, el hambre y la degradación del medio ambiente.
• Afirmamos que el verdadero peligro demográfico que afronta la tierra en este nuevo siglo es la crisis de natalidad y el envejecimiento de la población. Nuestras sociedades necesitan más personas, no menos.
• Afirmamos que la familia natural es la principal fuente de prosperidad económica y social y el pilar principal sobre el que asentar la superación de la actual crisis económica mundial.
• Afirmamos que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad y derechos innatos, pero diferentes en muchos aspectos. Aunque a veces acontecimientos que escapan al control del individuo (otras veces por una vocación religiosa) lo frustren, la vocación de cada niño es llegar a ser esposo y padre; y la vocación de cada niña es llegar a ser esposa y madre. La cultura, el derecho y la política deberían tener en cuenta estas diferencias.
• Afirmamos que la complementariedad de los sexos es una fuente de fortaleza. Hombres y mujeres presentan profundas diferencias biológicas y psicológicas. Sin embargo, cuando se unen en matrimonio, la combinación se convierte en mayor que la suma de las partes.
• Afirmamos el derecho de los padres a educar a sus hijos para su bien, sin interferencias del Estado.
• Afirmamos que todo ser humano tiene derecho a la libertad religiosa y que la comunidad política debe respetar la libertad de profesar la propia fe, de transmitirla y de educar a los hijos en ella.
• Afirmamos el “salario familiar” ideal que consiste en “una misma remuneración para las mismas responsabilidades familiares”. La compensación por el trabajo, la fiscalidad y la seguridad social deberían fortalecer los lazos familiares naturales.
• Afirmamos el papel necesario de la propiedad privada de la tierra, la vivienda y el capital productivo como fundamento de la independencia familiar y garante de la democracia. En una sociedad justa y buena, todas las familias poseerán bienes inmuebles.
• Y afirmamos que las soluciones duraderas a los problemas humanos, incluida la actual crisis económica, provienen de las familias y de las pequeñas comunidades. No se pueden imponer por un decreto burocrático o judicial. Tampoco pueden ser exigidos por una fuerza exterior.

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Madrid Educa en Libertad  hace llegar sus propuestas a

los candidatos autonómicos y municipales

Entre otras medidas, esta plataforma dedicada a la defensa de los derechos y libertades de los padres, propone a los candidatos madrileños lo siguiente: 

1.      Respeto a los objetores a educación para la ciudadanía y la  debida atención a los alumnos objetores en el recinto escolar.

2. Posibilidad de lograr la exención temporal de cursar EpC a los alumnos objetores mientras su caso se encuentre en proceso judicial en España o en Estrasburgo.

3. Obligación del centro escolar de proporcionar a los padres el reglamento de régimen interno y los criterios de evaluación, así como la programación de todas las asignaturas.

4.      Vigilancia estricta, por parte de la Administración educativa, de los contenidos que se imparten en las aulas y de los materiales utilizados y recomendados para garantizar la neutralidad del Estado en cuestiones que afecten a las convicciones morales y religiosas de los alumnos y sus familias.

5. Establecimiento del escrito de consentimiento que obliga a los centros escolares a informar a los padres acerca de charlas, talleres y actividades de formación afectivo-sexual y de género y permite a los padres ejercer sus derechos constitucionales y decidir si quieren o no que sus hijos acudan a determinadas actividades.
   
   

«Estas propuestas», explica María Menéndez, portavoz de Madrid Educa en Libertad, «las estamos remitiendo a los candidatos autonómicos y municipales. La Comunidad de Madrid tiene competencias en materia de educación y hasta el momento no se ha preocupado de los derechos constitucionales de los padres. No hay que olvidar que muchos centros escolares son de titularidad municipal; además, muchos ayuntamientos introducen los talleres y las claves de educación afectivo-sexual en las aulas con el pretexto de educar para la salud.

En el archivo adjunto se presenta las Propuestas Educativas de Madrid Educa en Libertad.

El recurso de amparo se interpuso contra la sentencia del Tribunal Supremo dictada en septiembre de 2008 según la cual, los libros bautismales no son ficheros de carácter personal y, por ello, los ciudadanos no pueden ampararse en la Ley Orgánica de Protección de Datos para cancelar o rectificar la información que contienen.

El auto, dictado por los magistrados Sala Sánchez, Delgado Barrio, Aragón Reyes, Pérez Tremps y Asua Batarrita, falla la inadmisión a trámite del recurso de amparo "por carecer la entidad recurrente de legitimación activa, en relación con el auto".

La AEPD estimó en 2006 la reclamación formulada por un ciudadano que pedía al Arzobispado de Valencia un certificado para hacer constar que la Iglesia había anotado en su partida de bautismo que había ejercido su derecho de cancelación o, en su defecto, un escrito en el que motivase las causas que habían impedido este trámite.

En respuesta, el Arzobispado interpuso un recurso contencioso-administratuvo ante la Audiencia Nacional alegando, por un lado, "la inviolabilidad absoluta de los libros y registros de la Iglesia Católica frente a la acción del Estado" y, por otro, que dichos libros "no tienen la consideración de ficheros de datos en el sentido expresado" por la citada Ley de Protección de Datos. El recurso fue desestimado por Sentencia de 10 de octubre de 2007.

Por eso, el Arzobispado interpuso recurso de casación ante el Supremo con los mismos argumentos, que fue estimado en la sentencia del 19 de septiembre de 2008, que daba la razón a la Iglesia sobre la naturaleza de los libros bautismales. La AEDP promovió un incidente de nulidad de actuaciones al considerar "vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y a la protección de datos de carácter personal", pero fue inadmitido.

La AEDP acudió al Constitucional por considerar que los pronunciamientos previos vulneraron "su derecho a la tutela judicial efectiva" y, en concreto, "del derecho fundamental a la protección de datos personales o autodeterminación informativa o, subsidiariamente, el derecho fundamental a la protección de datos de que es titular el reclamante privado".

"La demanda no cumple con el requisito de admisibilidad exigido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en tanto que la Agencia española de protección de datos carece de legitimación activa para la interposición del presente recurso", explica el auto.

Con todo, el magistrado Pablo Pérez Tremps ha emitido un voto particular en el que expresa su "discrepancia" por entender que las "singularidades" de este caso, "vinculadas a la muy especial función institucional que cumple la Agencia española de protección de datos" en relación a la Constitución Española, le confieren "el necesario interés legítimo que la habilita para interponer el recurso de amparo".

"La circunstancia de que el art. 162.1 de la Constitución Española sólo cite al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal --como legitimados para interponer un recurso de amparo-- no impide que otras personas jurídico públicas puedan excepcionalmente ver reconocido un específico interés legítimo para la defensa de determinados derechos fundamentales que les otorgue una legitimación para acceder al recurso de amparo", explica el magistrado.

MÁS DE 600 CASOS

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, el inadmitido a trámite era el último recurso que aún quedaba vivo en relación a la modificación de datos en los libros bautismales ya que tanto el planteado por la Fiscalía como el presentado por un particular tampoco se admitieron, "lo que impide que el Constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto".

Rallo ha apuntado que hasta que el Tribunal Supremo dictó sentencia en septiembre de 2008, "la AEDP y la Audiencia Nacional habían venido otorgando tutela a los ciudadanos que la solicitaban en su derecho a cancelar los datos de los libros de bautismo por entender que estaba amparado por la Ley de Protección de Datos", pero desde entonces "se han ido denegando las tutelas que se han ido solicitando".

En concreto, hasta el 5 de octubre de 2008 la AEDP dictó 650 resoluciones referidas a la modificación de las partidas de bautismo y la Audiencia Nacional, un total de 171 sentencias declarando la conformidad, según los datos que maneja Rallo.

"A estas tutelas habría que sumar las que quedaran vivas a esa fecha y que la Agencia resolvió después negativamente", ha añadido el director de la AEDP, para incidir en que, no obstante, desde el pronunciamiento del Supremo las solicitudes han experimentado "un descenso muy significativo".

Será el 26 de marzo a las 12 de la mañana, la cabecera partirá desde la Plaza de Cibeles y terminará en la Puerta del Sol .

“Si a la Vida” será el lema, un mensaje unitario que pretende la defensa de la vida desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural. En definitiva, la defensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano.

Los convocantes desean convertir el evento en una cita anual como sucede en muchos otros países.

La fecha para celebrar la fiesta de la vida está prevista para el 26 de marzo, sábado, alrededor de las 12.00 h.; hora a la que se espera la llegada de todos los ciudadanos de Madrid y poblaciones de alrededor para apoyar la causa.

La manifestación, que tendrá como objetivo la defensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano, hará un recorrido que se iniciará en la Plaza de Cibeles y terminará en la emblemática Puerta del Sol. Además, las asociaciones convocantes manifestaron su deseo de perpetuar esta cita en el tiempo como sucede en muchos otros países: Francia, Estados Unidos, México, Argentina…, y convocarla cada año entorno al Día Internacional de la Vida.

Las  asociaciones  convocantes  señalaron  que  a  la  vez  que  en  Madrid,  se celebrarán concentraciones similares en el resto de localidades de la geografía española, además de las múltiples actividades que se organicen entorno al Día Internacional de la Vida. El carácter de esta convocatoria pretende impulsar una
 
imagen positiva de la vida desde su concepción hasta el final de la misma de forma natural.

Para Carmina García-Valdés, “En la manifestación “Sí a la Vida”, pedimos a los medios de comunicación que difundan una imagen positiva de la vida, de la maternidad y del embarazo. Así mismo, consideramos que los Poderes Públicos deben ayudar a la mujer embarazada y establecer políticas activas de apoyo a la natalidad, a la familia, organización básica de la sociedad y ámbito insustituible para el nacimiento de nuevos seres humanos y la educación y crianza de los mismos”.

El lema elegido para este primer evento y posteriores celebraciones en años sucesivos responde a las palabras:  “Si a la vida”, un mensaje unitario en defensa de la vida que revindica los siguientes postulados:

• Es una respuesta afirmativa, positiva a favor de la vida, de la vida de todos, en cualquier circunstancia.

• Una respuesta que va a ser firme y decidida ante cualquier situación o reto que se presente.

• Un compromiso personal y social que nos empuja a construir, a curar heridas del pasado y a vivir el presente aportando cuanto esté en nuestra mano al servicio de la vida y su dignidad.

En este sentido, para Manuel Cruz, “abortar nunca ha sido ni será un sueño, y desasistir en el dolor o ante la muerte va contra la ayuda que debemos prestar de modo natural a nuestros semejantes, no nos van a engañar en cosas tan esenciales pues son las que nos hacen verdaderamente humanos. Todos los seres humanos somos semejantes, la semejanza es lo que nos une y de ahí se genera un vínculo además del vinculo de estar vivos. Si a la Vida”.

Por su parte, Gádor Joya, señaló que “estamos a favor de todas las vidas, y a lo largo de toda la vida, España va a estar defendiendo todas las vidas en cualquier momento, por eso decimos si a la vida en positivo”.

La manifestación pretende defender la vida en todas sus etapas, en esta línea, Yolanda Melul, destacó que “Fundación Madrina insta a que desde los poderes públicos se promueva una Ley Integral de Apoyo a la Mujer Madre y Trabajadora y no una ley que solo contempla aspectos sanitarios”.

Posteriormente y como conclusión, se leyó el manifiesto que centrará el acto del 26 de marzo una vez llegue la cabecera de la manifestación a la Puerta del Sol.

 
Convocan:

Sevilla, 27 de diciembre de 2010.- Con este incentivo negativo la Consejera trata de “normalizar y reprimir” la objeción al aborto que plantea este colectivo sanitario.

El no tramitar abortos supondrá una calificación negativa que impedirá las expectativas de carrera, y un detrimento económico de unos pluses que ascendería a 500€/mes.

ANDOC prepara el informe de queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, al considerar que se vulnera el derecho a la vida, a la autonomía del personal sanitario, y supone una coacción en el ejercicio responsable de la profesión sanitaria, de modo que induce al ejercicio de una medicina defensiva, y expone al personal sanitario a un conflicto legal de difícil superación en vías ordinarias, dándose casos frecuentes de acoso laboral por parte de directores médicos y gerentes hacia quienes exponen sus objeciones técnicas a participar en la cadena administrativa de promisión de clientes a las clínicas concertadas para el sacrificio de los bebés concebidos no deseados.

El caso es el de un matrimonio de la provincia de Málaga que argumentaba que sus hijos, menores de edad, tenían en casa una educación mejor que en colegios públicos con 30 ó 40 alumnos por clase, y que los niños hablaban cinco idiomas y recibían clases de música, lengua, ciencias, matemáticas y una formación ética bastante completa.

Precisan que la libertad de enseñanza se circunscribe a la facultad de enseñar "libremente" fuera del horario escolar, pero sin "perjuicio" del deber de escolarización y la facultad de crear un centro docente cuyo proyecto educativo se ajuste mejor a "sus preferencias pedagógicas o de otro orden".

La Constitución no prohíbe la enseñanza en casa

No obstante, el fallo precisa también que la opción de escolarización obligatoria no viene requerida por la propia Constitución, sino que es una opción legislativa que la Carta Magna no prohíbe.

Así, recuerda que el legislador (las Cortes Generales) ya resolvió sobre la escolarización obligatoria con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (vigente cuando se presentó el recurso de amparo, en 2005), donde se establecía que la enseñanza, además de gratuita y obligatoria, incluía 10 años de escolaridad: de los 6 a los 16.

No obstante, el TC matiza que "no cabe descartar otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo y, en particular, a la enseñanza básica" a la vista del artículo 27 de la Constitución.

La sentencia, de la que ha sido ponente la presidenta del TC, María Emilia Casas, también explica los motivos por los que se rechaza el supuesto de que la negativa a escolarizar fuera por razones morales o religiosas:

"La imposición del deber de escolarización de los niños entre 6 y 16 años (...) constituye un límite incorporado por el legislador que resulta constitucionalmente viable por encontrar justificación en otras determinaciones constitucionales".

También señala que la configuración de la enseñanza básica obligatoria como un periodo de escolarización determinada no afecta a los derechos constitucionales de los padres.

"Incluso en el caso de que así lo hiciera –precisa–, habría de considerarse una medida proporcionada que encuentra justificación en la satisfacción de otros principios y derechos constitucionales". No obstante, los magistrados insisten en que la Constitución no consagra "directamente" el deber de escolarización ni otros aspectos más concretos de su régimen jurídico.

En un primer momento, la fiscalía reclamó en el juzgado de Coín (Málaga) la escolarización inmediata de los niños. El juzgado ordenó en 2003 que los niños en edad escolar obligatoria fueran a clase porque el artículo citado de la Constitución no permite a los padres negar el derecho y la obligación de participar en el sistema oficial de educación, sin valorar la calidad de la enseñanza que recibían.