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Notas de prensa.

El Centro Jurídico Tomás Moro responde a las últimas declaraciones de doña Rita Maestre.

publicado a la‎(s)‎ 16 feb. 2016 7:39 por Tomás Moro   [ actualizado el 16 feb. 2016 7:43 ]

Madrid, a 16 de febrero de 2016.- El Centro Jurídico Tomás Moro se ve en la necesidad de puntualizar algunas de las afirmaciones realizadas por Doña Rita Maestre en la entrevista que el Diario El País publica en su edición del día de hoy.

 

En dicha entrevista la referida Rita Maestre llega a afirma que había una intención política en la querella presentada por varios colectivos sociales, entre los que se encuentra el Centro Jurídico Tomás Moro, pues según la entrevista ella era conocida en la universidad.

Desde este Centro Jurídico no podemos ni afirmar ni negar si era o no conocida en la universidad, lo que sí podemos afirmar categóricamente es que no se iniciaron actuaciones penales con ninguna intención política dado que la querella fue presentada el 22 de marzo de 2011, cuando ni ella ni ninguno de los intervinientes en la profanación tenían ningún tipo de perfil político conocido.

El único motivo que llevo a este Centro Jurídico a interponer la querella fue la defensa de las libertades públicas y derechos fundamentales, y la defensa de los Derechos Humanos según la declaración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

Igualmente este Centro Jurídico afirma que no tiene una orientación conservadora cristiana, por cuanto este Centro Jurídico no desarrolla ninguna actividad política que pueda ser catalogada como conservadora o progresista, ni tiene orientación cristiana, por cuanto nuestra orientación es católica con respecto profundo al resto de credos cristianos amparados igualmente por el Derecho Fundamental de Libertad Religiosa consagrado tanto en nuestra Constitución como en numerosos textos internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de derechos civiles y políticos de 1966, Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea de 2007, y textos internacionales concordantes).

 

Igualmente discrepamos de la intención de la referida Sra. Rita Maestre al querer politizar las actuaciones penales, por cuanto el único fin de las mismas es proteger según establece el Capítulo IV del Código Penal los derechos y libertades fundamentales. Cabe recordar que los preceptos del Código Penal por los que serán juzgados los imputados tratan de impedir la comisión de delitos de odio u hostilidad por motivos racistas, antisemitas, ideológicos, religiosos, de creencias, al igual que tratan de evitar la comisión de delitos por pertenencia a una determinada etnia, raza, nación, sexo, orientación sexual o discapacidad.

 

En este sentido este Centro Jurídico también muestra su disconformidad al tratar de minimizar los hechos que serán objeto de juicio, por cuanto la profanación de una capilla no sólo afecta a los católicos, sino que en el caso de demostrarse judicialmente los hechos se estaría demostrando la violación de los Derechos Humanos más elementales como son la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

 

Desde este Centro Jurídico consideramos que una de las principales enseñanzas del tumultuoso siglo XX es la necesidad de los poderes públicos de defender la libertad de todos los ciudadanos, pues los regímenes totalitarios del siglo XX nos enseñaron que la libertad o es de todos los ciudadanos o no es tal libertad. Discrepamos por tanto de la patrimonialización de la libertad por parte de cualquier grupo ideológico con la exclusión de todos los demás.

 

Igualmente desde este Centro Jurídico reivindicamos de forma simétrica la libertad de los católicos a actuar en la vida pública, pues tal y como reconoce la Sra. Rita Maestre en la entrevista del Diario El País, nadie la perturbo cuando hacía uso de la Universidad con fines políticos, por lo cuál no entendemos por qué se ha de impedir la manifestación pública de otras ideas y creencias.

 

Por último, y dado el carácter victimista manifestado en la entrevista, nos vemos en la obligación de recordar que las verdaderas víctimas de los tristes acontecimientos acaecidos el 10 de marzo de 2011 son los católicos que fueron testigo del escarnio a sus creencias más íntimas, al igual que todos aquellos estudiantes que siendo amantes de la libertad, aún sin ser católicos, vieron como un grupo de personas trataba de imponer sus ideas de forma violenta.

 

Desde este Centro Jurídico deseamos que la actual Concejal del Ayuntamiento de Madrid comparta con nosotros la necesidad de defender los Derechos Humanos tal y como están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y por ello nos ofrecemos para debatir en público la importancia de la defensa por parte de todas las organizaciones civiles, políticas e institucionales, de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y esperamos encontrar en la defensa de dichos Derechos Humanos, Civiles y Políticos la colaboración de Doña Rita Maestre.


Ante la inminente apertura de juicio contra el doctor Morín y sus colaboradores por 89 presuntos delitos de aborto.

publicado a la‎(s)‎ 25 ene. 2016 13:25 por Tomás Moro   [ actualizado el 25 ene. 2016 13:26 ]

  • La Audiencia Provincial del Barcelona volverá a repetir el Juicio contra el doctor Morín acusado de 89 abortos ilegales.
  • El Tribunal Supremo estimó el recurso del Centro Jurídico Tomás Moro y anuló en noviembre de 2013 la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvía al médico abortista.
  • El nuevo juicio se desarrollará desde el 29 de enero al 31 de marzo de 2016, y supondrá un gran esfuerzo para la acusación popular mantenida por el Centro Jurídico Tomás Moro que ha iniciado una campaña de recogida de fondos.

Madrid 26 de enero de 2016.- El viernes día 29 de enero de 2016 ya forma parte de la lucha próvida en España. Gracias al esfuerzo de varias asociaciones, al buen trabajo de la guardia civil y a la profesionalidad de algunos miembros de la judicatura, hoy la sociedad española ha de mostrar su satisfacción al constatar un hecho: el delito del aborto existe y va a ser enjuiciado. 

Efectivamente, tal y como dijo ayer don Javier Pérez- Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro “los defensores del aborto se han empeñado durante más de 25 años en realizar una afirmación falsa: con la legalización del aborto se acabaría con la comisión de abortos ilegales. Sin embargo la realidad afirma todo lo contrario, a saber: todos y cada uno de los delitos que figuran en el código penal se cometen diariamente, el aborto igual que los demás. Si el código penal reprocha una serie de actuaciones que el común de la gente considera contrarias al orden social, es precisamente porque la realidad demuestra que dichas conductas efectivamente se cometen. ¿Por qué el aborto va a ser distinto? si el aborto es un delito la lógica jurídica y forense determina necesariamente que en múltiples ocasiones se cometen delitos de aborto”. 

Si hasta la fecha la sociedad española no ha presenciado juicios a médicos abortistas, no ha sido por la inexistencia del delito, sino por la inactividad de las administraciones públicas, ya sean estateles o autonómicas, ya sean administraciones gobernadas por partidos de izquierda o de derecha. Durante más de 25 años los poderes públicos han visto como algunos se lucraban de la desgracia de las mujeres embarazadas y han mantenido un criminal silencio e inactividad. 

El caso del doctor Morín y sus colaboradores no es el caso, sino uno más de los casos de práctica sistemática de abortos ilegales que se dan en España. La providencia, y el esfuerzo de algunas personas y organizaciones han hecho posible que el próximo viernes se vuelva a celebrar el procedimiento que hoy constituye un hito en la lucha por la vida y la dignidad de la persona. 

Ante la realidad que la sociedad española va a constatar durante la celebración de las próximas sesiones don Javier Pérez- Roldán, presidente del Centro Jurídico Tomás Moro, realiza las siguientes peticiones al futuro gobierno de la nación y a los respectivos gobiernos de las Comunidades Autónomas. 

1.- Es hora de regular la prohibición total y absoluta de la inmoral práctica del aborto. No es suficiente un cambio legislativo que limite la práctica del aborto, sino que es necesario un cambio legislativo que erradique totalmente el más nefando de los crímenes.
2.- En tanto en cuanto se legisle la prohibición completa de las prácticas abortivas el Ministerio de Sanidad, y los correspondientes organismos de las Comunidades Autónomas, han de implementar las medidas de control y supervisión de todas y cada una de las clínicas que realicen aborto, para evitar nuevos coladeros en la exterminación de la vida de inocentes.
3.- En tanto en cuanto se legisle la prohibición completa de las prácticas abortivas es necesario eliminar cualquier tipo de pago, ayuda o subvención pública a las clínicas abortivas. Ningún aborto se puede practicar con dinero público, pues ello significa trasladar la responsabilidad moral a toda la sociedad española.
4.- Es necesario aprobar con carácter nacional y alejada de toda ideología una ley integral de protección a la familia como medida más efectiva para hacer de la sociedad española una sociedad más libre.

El aborto supone la verdadera crisis moral de España y es la causa determinante de la crisis económica que actualmente padecemos. Como ha referido recientemente don Javier Pérez- Roldán a algunos medios de comunicación “la crisis económica es el reflejo y resultado de la crisis moral que lleva padeciendo España desde hace ya demasiados años”.

Dado que el juicio durará dos meses (del 29 de enero al 31 de marzo) el Centro Jurídico Tomás Moro ha abierto una cuenta bancaria (BBVA, 0182-4016-05-0208517204 (IBAN ES72)) para canalizar la ayuda ciudadana y poder mantener la querella criminal contra el doctor Morín y sus colaboradores.

En el caso del juicio contra el doctor Morín es necesaria la ayuda de la sociedad civil pues la vista oral durará dos meses y los abogados del Centro Jurídico Tomás Moro llevan más de 10 años trabajando en la mayor causa de abortos ilegales en Europa, desde la lejana querella presentada en el año 2006, hasta la inminente celebración del juicio el próximo 29 de enero.

El Centro Jurídico Tomás Moro ante las declaraciones de Rita Maestre tras conocerse la fecha en que será juzgada por atentado a la libertad religiosa y de conciencia.

publicado a la‎(s)‎ 10 ene. 2016 14:19 por Tomás Moro   [ actualizado el 10 ene. 2016 14:22 ]

La concejal de Ahora Madrid (marca de Podemos en Madrid), será juzgada por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos por irrumpir en una Capilla universitaria con el torso desnudo y coreando lemas como “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “menos rosarios y más bolas chinas”, “el Papa no nos deja comernos las almejas” o “frente al Vaticano, poder clitoriano”, violentando así los Derechos Fundamentales de libertad de conciencia, religión y creencia recogidos en la Constitución Española y en todas las cartas Universales de Derechos Humanos. 


Madrid, 10 de enero de 2016.- El pasado viernes la concejala del Ayuntamiento de Madrid la señora doña Rita Maestre difundió un comunicado a través de las redes sociales que supone una atentado a los más elementales principios de la libertad.

 

La Concejal Rita Maestre Fernández que puede ser condena hasta a un año de cárcel reconoce en dicho comunicado su participación en la profanación de la Capilla de la Universidad Complutense en su campus de Somosaguas. Los hechos que ahora no niega la concejala madrileña ocurrieron el pasado diez de marzo de dos mil once, hacia la una de la tarde, cuando un grupo numeroso de jóvenes entró violentamente en la Capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense  y tras leer en voz alta sus críticas hacia la Iglesia Católica y proferir insultos contra el clero, varias de las jóvenes, rodeando el altar, se desnudaron de cintura para arriba entre los aplausos y vítores del resto de sus compañeros. Estos hechos fueron la culminación de una semana de agitación, pues desde principios de esa semana, las paredes y puertas del recinto aparecieron llenas de pintadas con improperios hacia la religión católica ("Ardería como en el 36" y cosas por el estilo). En concreto, a la Concejal se la imputa por desnudarse en el templo profiriendo frases como "vamos a quemar la Conferencia Episcopal", "Menos rosarios y más bolas chinas", "El Papa no nos deja comernos las almejas", "Frente al Vaticano, poder clitoriano".

 

Dada la falta de voluntad de la joven concejal de Madrid de dimitir, para salir del paso y eludir dar explicaciones públicas la señora Maestre se limitó a emitir un comunicado en redes sociales en el que sigue amparando actitudes de odio, rencor y violencia.

Así en su comunicado afirma que el linchamiento llevado a cabo en la Capilla Complutense "se trato de una actuación pacífica relacionada con una realidad que consideramos que debía cambiarse" justificando de esta manera la irrupción violenta en una pacífica capilla al grito de arderéis como en el 36 recordando hechos históricos como la triste persecución del pueblo cristianos por el régimen comunista de la II República.

Según la concejala su asalto violento a la capilla complutense trataba de reivindicar "la laicidad en las instituciones, su independencia de todas las confesiones y creencias con respeto hacia quienes la profesen en el ámbito privado y personal" justificando de esta manera la persecución de toda aquellas personas que exteriorizan sus creencias religiosas. Según las respetable concejala madrileña se pueden usar las instituciones universitarias para hacer política y para presumir de radicalismo político, pero no se pueden usar las mismas instituciones universitarias para reflexionar, meditar u orar.

La misma concejala en lugar de pedir perdón personalmente a todos los católicos que estaban en la capilla en el momento de su irrupción violenta, y de pedir perdón al resto de católicos por la evidente profanación llevada a cabo en cuadrilla en el Campus de Somosaguas sigue justificando la persecución de los católicos reconociendo su participación en la "marcha" justificándose en la defensa del uso de los "edificios públicos universitarios para fines académicos" propugnando una realidad que es cierta en España desde hace décadas, a saber la separación Iglesia y Estado.

 

Desde el Centro Jurídico Tomás Moro consideramos que es atentatorio a la Declaración de los Derechos Humanos tratar de poner grilletes a la libertad ideológica, de conciencia y religiosa de los ciudadanos españoles. Si en algo se caracteriza la libertad religiosa es que el ámbito de conciencia personal pueda manifestarse públicamente mediante hechos, actos, palabras y actitudes; entender lo contrario como parece entender la concejal madrileña es negar la propia realidad de la libertad ideológica, de pensamiento, de conciencia y religión.

Si los ciudadanos españoles de forma mayoritaria respetamos el derecho de los políticos a expresar públicamente sus ideas políticas y sociales, lo mínimo que hoy exige el pueblo español a los políticos es que se respete igualmente el derecho de todos los ciudadanos a su libertad de expresión y de religión, y que dicha libertad se puede ejercer tanto en lugares públicos como privado. Si razonásemos tal y como lo hace la señora Maestre deberíamos prohibir a nuestros representantes ciudadanos (tanto de los gobiernos locales, autonómicos o nacionales) manifestar en público su ideas políticas y sociales, pues los ciudadanos sólo los eligen para gestionen los servicios públicos y no para que utilicen las instituciones en la promoción de ideologías totalitarias.

Por último la concejala madrileña vuelve a manifestar su voluntad de no dimitir a pesar de que los Estatutos del partido político Podemos, en su Título V, del Régimen disciplinario, en su artículo 65.4 califica como infracción muy grave el "atentar contra cualquier de los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos" que podrían determinar la expulsión del partido. En necesario recordar a la política madrileña que la declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 reconoce en su artículo 18  que "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".

En este sentido desde el Centro Jurídico Tomás Moro y con ocasión del juicio que se celebrará el próximo 18 de febrero pedimos a la sociedad española que medite sobre el peligro que actualmente está corriendo en España la libertad religiosa y de conciencia. Desde numerosas instituciones públicas se está tratando de imponer a la mayoría del pueblo español una serie de ideologías sectarias y totalitarias que tratan de reducir la libertad de pensamiento y de conciencia. El pueblo español ha de defender de forma contundente la libertad religiosa para evitar que las minorías ideologizadas que están ocupando las instituciones esclavicen la voluntad ciudadana haciendo uso de la violencia, el odio y el rencor y arrogándose en exclusiva la representación ciudadana.

 



 

El Centro Jurídico Tomás Moro y HazteOir.org presentan a Carmena 100.000 firmas pidiendo el cese de los concejales violentos.

publicado a la‎(s)‎ 14 jul. 2015 11:12 por Tomás Moro   [ actualizado el 14 jul. 2015 11:28 ]


Madrid, martes 14 de julio de 2015.- 
En el mediodía de este martes, 14 de julio, los ciudadanos han querido arropar la entrega a Manuela Carmena, de las más de 100 mil firmas que HazteOir.org y el Centro Jurídico Tomás Moro han recabado en nuestras campañas para demandar el desalojo del odio y la violencia del Ayuntamiento de Madrid, urgiendo que los concejales de Ahora Madrid/Podemos Rita Maestre, Guillermo Zapata y Pablo Soto sean expulsados por sus gravísimas ofensas.

Con esta entrega de firma, pedimos a la alcaldesa Manuela Carmena y a Antonio Miguel Carmona, líder del PSOE, partido que le permite a Podemos gobernar, que apliquen la medida que ellos mismos han aprobado sobre los miembros de sus propias filas: "Maestre, Zapata y Soto deben quedar fuera de la vida pública", ha reclamado Ignacio Arsuaga,presidente de HazteOir.org, quien ha estado acompañado por Javier María Pérez Roldán, presidente del Centro jurídico Tomás Moro, que ha creado la alerta en HO exigiendo el cese de Rita Maestre.


Por su interés reproducimos el texto improvisado por Javier Pérez- Roldán (Presidente del Centro Jurídico Tomás Moro) ante el numeroso público que acompañó a Ignacio Arsuaga y a Javier Pérez- Roldán a la presentación ante el Registro del Ayuntamiento de las casi 100.000 firmas solicitando la dimisión de Rita Maestre y el resto de concejales violentos:

La libertad hay que conquistarla día a día.

Estamos aquí no solamente para solicitar la destitución de tres concejales. Eso es lo accidental. Lo esencial de nuestro acto de hoy es defender la Libertad. Porque la Libertad no es algo que se conquiste de una vez y no haya que defender. La libertad se conquista día a día, y se defiende palmo a palmo.

Y es contra la Libertad contra la que han atentado de manera grave, reiterada, consciente e inmisericorde estos tres concejales. Y contra la Libertad está atentando reiteradamente la alcaldesa al no cesarlos, y con tal acto se convierte en uno más de ellos. Pues la libertad no es más que la capacidad de pensar y obrar según la propia voluntad personal pero con sujeción a un orden superior, y en este orden superior se encuentra el respeto al otro, al prójimo, al próximo. Es decir, considerar al otro, incluso al que piensa o siente de manera distinta, como un sujeto con derechos innatos propios, y no como un objeto.

Madrid, no merece una concejal imputada.

RITA MAESTRE está imputada por un delito contemplado en el Código Penal como de aquellos que atentan contra los derechos fundamentales y contra las libertades públicas. ¿Puede representar al pueblo de Madrid, quien no respeta los derechos fundamentales y libertades públicas de todos sus administrados? Pues no debemos olvidar que quien atenta contra la libertad o los derechos de uno siquiera, atenta contra la libertad y los derechos de todos, pues con sus actos demuestra que no respeta más libertad y más derechos que lo que su conciencia estime como tal, sometiéndonos a todos a la arbitrariedad de ser ella el intérprete único de lo respetable.

En referencia a GUILLERMO ZAPATA, se puede decir otro tanto de lo mismo. Quiere amparar su actuación en un supuesto debate sobre los límites del sentido de humor. Pues bien, tal debate es falso, y es falso porque el sentido de humor es una virtud social que se encuentra en el término medio entre la frivolidad y la seriedad absoluta. Es el justo equilibrio entre quien de todo se ríe sin respeto alguno y quien de nada se ríe por estimarlo todo de una gravedad esencial. Es curioso que se riera de los masacrados por persecuciones ideológicas, de niñas víctimas de violaciones y asesinatos execrables, de víctimas del terrorismo... personas todas pertenecientes a colectivos bien alejados de sus pretensiones políticas: ¿Porqué no se rió, si el debate era sobre los límites del sentido de humor, de aquellos colectivos que apoyan sus opciones políticas?

Finalmente PABLO SOTO ha sido el más descarado vulnerador de nuestras libertades, aunque haya sido aquel al que menos atención le hayan prestado los medios de comunicación. Y es así porque ha llevado al límite máximo la vesania del odio ideológico, ya que ha cosificado al rival político. Y es que de la tormentosa experiencia del siglo XX europeo aprendimos que los genocidios ideológicos de todos los matices y colores políticos tenían un elemento común: la falta de empatía y la cosificación de las personas. Solo se podía asesinar cobardemente a un ser humano cosificándole, privándole previamente, por medio del fanatismo ideológico, de las esencias de ser humano. Solo así podía un hombre empuñar un arma para asesinar cobardemente a un ser humano sin que su propia conciencia le gritara ¡ASESINO!

Quien discrimina a algunos, no puede representar a todos

Con estos mimbres difícilmente el Ayuntamiento de Madrid puede empatizar y comprender los problemas de sus administrados. Y es que para ellos nuestras necesidades no son sus prioridades. Sus prioridades son, simple y llanamente, sus prejuicios ideológicos. Solo saben ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, todo lo contrario de lo que exige a un gobernante. Y es que, entre otras cosas, el gobernante debe ser ejemplo de virtudes cívicas. Y ¿puede ser ejemplo quien está imputado?

Por eso HO y el CJTM cumplen con un deber de ciudadanía social al intentar, por todos los medios, hacer ver a los políticos que el poder, para no ser despótico y totalitario, tiene un límite, que es el respeto de nuestra soberanía social. Y es que la sociedad tiene necesidad, para ser libre, de que se respeten sus fines y los derechos que para alcanzar estos fines vienen establecidos prepolíticamente. Nuestro acto de rebeldía es un acto frente al totalitarismo, que no es otra cosa que la ilimitación del poder invadiendo las esferas de libertad que nos son propias. Vivimos momentos difíciles en los que el poder de unos pocos lo ha usurpado todo, lo avasalla todo, y ello en el supuesto nombre del pueblo, cuando estos vándalos no consideran pueblo más que a aquellos que piensan como ellos.

Sin embargo el auténtico pueblo de Madrid, el que no ansia más que al respecto de su libertad, ha demostrado en este acto que no está dispuesto a sucumbir y que con la frente bien alta es capaz de decirle a los totalitarios: ESTOS SON NUESTROS DERECHOS, RESPETALOS.

(Palabras improvisadas por Javier Pérez- Roldán ante el público congregado ante el Ayuntamiento de Madrid.)


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Pablo Iglesias, como testigo, tendrá el deber de decir verdad.

publicado a la‎(s)‎ 14 jul. 2015 10:46 por Tomás Moro   [ actualizado el 14 jul. 2015 10:53 ]


El Centro Jurídico Tomás Moro solicita como testigo a Pablo Iglesias en el procedimiento penal por la profanación de la Capilla Complutense.


Madrid, a 23 de junio de 2015.- En las actuaciones penales relativas a asalto de la Capilla Complutense se contienen numerosos extremos que hasta el día de hoy no alcanzaron la relevancia que se merecen.

Concretamente dos alumnos señalaron como responsable del acto a Pablo Iglesias, que habría sido el autor del “guion” y el “director escénico”. En las actuaciones obra la pertenencia de Rita Maestre a la asociación de estudiantes contrapoder. Sin embargo, destaca que en fechas anteriores al asalto figuraran como miembros de dicha asociación Iñigo Errejón (entonces novio de Rita Maestre) y Pablo Iglesias, que entonces era ya profesor.

Por todo ello no puede dejar de llamar la atención que un profesor figurada como socio en una asociación estudiantil.

Además de todo lo anterior, consta que Pablo Iglesias era por aquellas fechas director del “Grupo de Teatro Político Antígona”, al que pertenecían parte de las asaltantes, que siempre justificaron su agresión como unaperformance o acción artística.

Igualmente consta que alrededor del asalto, un joven estudiante hizo fotos de la capilla, quedando a la salida de la misma con el también profesor Juan Carlos Monedero y con el entonces Vicedecano de alumnos Ariel Jerez. Este, que ahora es miembro del Consejo Ciudadano de Podemos manifestó días después su sorpresa cuando se produjeron las detenciones. Alegó que estos hechos a lo sumo eran unas faltas, lo que da idea de que, en efecto, era un acto preparado que siempre creyeron que no alcanzaría la entidad de delito, y que sin embargo la alcanzó por cuanto los templos de cualquier religión están especialmente protegidos en todas las legislaciones europeas.

En cualquier caso sorprende la actitud de los líderes de Podemos y de la propia alcaldesa de Madrid, Sr. Carmena, al restar importancia a estos hechos alegando que nunca hubo violencia. Y es que obra en las actuaciones judiciales diversos testimonios que acreditan que empujaron con violencia al sacerdote para poder entrar, retirándose una estudiante que había detrás al observar el número de manifestantes, por temor a represalias. Igualmente, todas las universitarias que estaban en la capilla sufrieron de estrés y ansiedad, teniendo alguna problemas para dormir en los días siguientes y teniendo miedo otra de ellas a volverse a acercar a la capilla por temor a actos similares. Así pues, es evidente que el acto buscaba la causar terror para impedir el ejercicio de un derecho fundamental, como es la práctica religiosa. Y que lo consiguieron, por el temor de alguna de las estudiantes a volver a entrar en la capilla. No en vano proclamaron de manera exaltada aquello de “arderéis como en el 36”, siendo se sobra conocido por todos que en aquella época tuvo lugar la persecución religiosa más sanguinaria desde la época de Nerón, lo que constituyó un auténtico holocausto religioso.

Desde el Centro Jurídico Tomás Moro su presidente, Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, indica “hemos presentado un escrito en el Juzgado para solicitar se unan a la causa los videos que en su día aportó la Dirección General de Seguridad, pues extraña la pérdida de prueba tan fundamental. Igualmente hemos pedido se cite como testigo a Pablo Iglesias, pues evidentemente sabe más de lo que públicamente ha dicho, y en el acto del juicio estará obligado, como testigo, a decir verdad bajo pena de delito de falso testimonio. Su declaración será fundamental para conocer los objetivos políticos de aquella agresión y para conocer cuál fue el grado de participación de Rita Maestre, si en efecto era una de las que encabezaron y dirigieron aquel ataque (como señalan expresamente varios testigos) o simplemente se limitó a seguir las indicaciones de Pablo Iglesias como “director” de la agresión.

En cualquier caso debemos indicar la gravedad de estos hechos, que buscaban expresamente causar el temor entre los fieles católicos, pues el objeto último de los agresores, tal como manifestaron en sus proclamas, es apartar a los católicos de la vida pública, relegando sus opciones personales a los privado, cercenando así el derecho a la libre manifestación de cualquier acto de confesión religiosa católica. Y es que aunque la Sra. Maestre ahora está diciendo otras cosas, en aquel acto se violentó a los fieles católicos, no a la presencia de una capilla en la Universidad ni a otras religiones, pues sobre ninguna de estas dos cosas se publicitó consigna alguna.

Que esta señora sigua ocupando un puesto de Concejal da idea de que, en efecto, la pretensión de Podemos nos es gobernar para todos, sino gobernar contra unos cuantos, contra los que creen en la libertad, que además somos mayoría”

Rita Maestre, concejal del Ayuntamiento de Madrid, imputada por un delito contra los derechos fundamentales

publicado a la‎(s)‎ 15 jun. 2015 10:11 por Tomás Moro   [ actualizado el 15 jun. 2015 19:49 ]


El Centro Jurídico Tomás Moro llama la atención sobre imputación de una nueva Concejal del Ayuntamiento de Madrid 

En los medios de comunicación ha levantado gran expectación lo que hará la nueva Alcaldesa de Madrid, Manuel Carmena, con los concejales Zapata y Pablo Soto por sus numerosos comentarios ofensivos vertidos en Twitter. Sin embargo nada se dice de otra Concejal Rita Maestre, que pasó de las palabras a los hechos y está pendiente de Juicio Oral por un acto de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos, solicitando el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares un año de prisión.

Centro Jurídico Tomás Moro. Madrid a 15 de julio de 2015. El Centro Jurídico Tomás Moro celebra que la ciudadanía esté clamando por la destitución de dos concejales que vertieron comentarios injuriosos y ofensivos contra otros políticos, contra niñas violadas y después asesinadas, o contra 6.000.000 millones de personas exterminadas por razones ideológicas.

Sin embargo, quiere llamar la atención sobre que nada se diga ni se haga en relación con la Concejal Rita Maestre Fernández, imputada en firme por el Juzgado de Instrucción nº 1 y que espera celebración de Juicio Oral en el Juzgado Penal nº 6 de Madrid por haber profanado la Capilla de la Universidad Complutense en su campus de Somosaguas, hecho por lo demás conocido de antemano por el PSOE, que a pesar de ello pactó con Ahora Madrid.

Los hechos ocurrieron el pasado diez de marzo de dos mil once, hacia la una de la tarde, cuando un grupo numeroso de jóvenes entró violentamente en la Capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense y tras leer en voz alta sus críticas hacia la Iglesia Católica y proferir insultos contra el clero, varias de las jóvenes, rodeando el altar, se desnudaron de cintura para arriba entre los aplausos y vítores del resto de sus compañeros. Estos hechos fueron la culminación de una semana de agitación, pues desde principios de esa semana, las paredes y puertas del recinto aparecieron llenas de pintadas con improperios hacia la religión católica ("Ardería como en el 36" y cosas por el estilo). En concreto, a la nueva Concejal se la imputa por desnudarse en el templo profiriendo frases como "Vamos a quemar la Conferencia Episcopal", "Menos rosarios y más bolas chinas", "El Papa no nos deja comernos las almejas", "Frente al Vaticano, poder clitoriano".

Por tales hechos las acusaciones populares y el Ministerio Fiscal solicitan un año de prisión por un delito del 524 del Código Penal por atentar contra derechos y libertades fundamentales.

Desde el Centro Jurídico Tomás Moro, su presidente Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, llama expresa el sentir de la mayor parte de la ciudadanía cuando sostiene que "lo sorprendente de este asunto es que una persona imputada por delitos contra los derechos fundamentales ocupe un cargo de representación pública. La actual alcaldesa de Madrid está incumpliendo sus promesas, pues difícilmente puede gobernar para todos los madrileños cuando apoya a una concejal imputada por conculcar derechos fundamentales de forma violenta y agresiva. Y lo sorprendente es que el resto de partidos representados en el Consistorio, conociendo los hechos, se haya mostrado indiferente. Se pretende una especie de catarsis democrática impidiendo que nos representes personas a las que se les imputan graves delitos económicos, pero nada se hace cuando los delitos imputados tienen mayor trascendencia y gravedad, como son los delitos que afectan a derechos y libertades fundamentales. El primer empeño de un político debe ser, precisamente, favorecer la concordia entre sus ciudadanos, y no justificar y amparar actitudes de odio, rencor y violencia, como la nueva alcaldesa está haciendo".

Por tal motivo, desde el Centro Jurídico Tomás Moro, asociación creada para la defensa de los derechos fundamentales, se pide responsabilidad a todos los representantes políticos del Ayuntamiento de Madrid para exigir, sin más demora, la destitución de la concejal imputada en firme. Entendemos que los españoles no pueden seguir manteniéndose impávidos ante la toma del poder por personas con ideologías totalitarias y excluyentes e imputadas por delitos contra los derechos y libertades fundamentales.

Debemos recordar que tanto las acusaciones populares como el Ministerio Fiscal solicitan para la Sra. Maestre una condena de un año.


El Centro Jurídico Tomás Moro denuncia los perversos efectos de la Ley de Violencia de Género ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres dependiente de la ONU.

publicado a la‎(s)‎ 16 jul. 2014 12:17 por Tomás Moro   [ actualizado el 16 jul. 2014 12:18 ]

Madrid, 16 de julio de 2014.- El prestigioso abogado de familia don Javier Pérez- Roldán Suanzes, en representación de la Asociación Europea de Abogados de Familia y del Centro Jurídico Tomás Moro, ha presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) un informe sobre las perversas consecuencias de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de protección Integral Contra la Violencia de Género (LIVG).

 

 

El comité de CEDAW es una organismo dependiente de la ONU y uno de los máximos responsables de la propagación internacional de la ideología de género. Dicho comité solicita con periodicidad a los Estados Partes informes sobre las políticas aplicadas contra la discriminación femenina y en cumplimiento de las recomendaciones que imparte el propio organismo.

 

Igualmente el comité de CEDAW permite a las asociaciones civiles de los Estados Miembros presentar sus propios informes de evaluación de las políticas de igualdad. Hasta la fecha solo las asociaciones afines a la ideología de género y a los postulados del feminismo radical han hecho uso de esta herramienta para difundir su ideología sexista.

 

Teniendo en consideración las limitaciones que establece el propio Comité para la eliminación de la Discriminación las asociaciones civiles españolas Asociación Europea de Abogados de Familia y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, han presentado su informe teniendo en consideración los efectos perniciosos que la Ley Integral Contra la Violencia de Género provoca a las propias mujeres.

 

Ambas asociaciones son plenamente conscientes que los efectos perjudiciales de las leyes basadas en la ideología de género alcanzan a toda la población española, independientemente de su sexo y edad, no obstante circunscribiéndose a los requisitos fijados por el propio comité internacional han centrado sus denuncias y sus conclusiones únicamente en las mujeres.

 

Así, el abogado Javier Pérez- Roldán Suanzes, denuncia expresamente en su informe presentado que “la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la Violencia de Género (LIVG) no ha supuesto una disminución de la violencia contra las mujeres, ni del número de muertes, atentando además contra los derechos fundamentales de la mayoría de la ciudadanía”.

 

El informe demuestra que la LIVG es una ley discriminatoria y sexista por numerosos motivos:

 

1.            Castiga como delito en los varones cualquier denuncia que haga una mujer, y pena con más dureza los mismos delitos según el sexo del que los cometa por presuponer en la violencia causas culturales machistas que no es necesario probar en cada juicio particular.

2.            Elimina la presunción de inocencia de los varones creando el delito “de autor” por el hecho de realizarlo un varón. La declaración de la denunciante femenina, sin pruebas, es suficiente, no existiendo suficientes garantías penales para el varón y violándose la presunción de inocencia.

3.            La denuncia de malos tratos, aunque sea  falsa, supone la detención del acusado y la orden de alejamiento de los hijos, aún sin parte de lesiones o, incluso, con un parte médico en el que se afirma que no hay lesiones.

4.            Las denuncias falsas no son perseguidas, pese a ser delito y sumir al varón en la indefensión más absoluta.

 

Tal  y como denuncia el informe presentado ante el Comité CEDEW es lógico que partiendo de dichos presupuestos la aplicación de la ley esté generando perjuicios para todos los ciudadanos, muy especialmente para los menores de edad y los varones, no obstante y por imperativo del propio comité el abogado Javier Pérez- Roldán ha centrado sus conclusiones en los perjuicios que la aplicación normativa produce entras la mujeres españolas, generando un déficit de libertad que es necesario reconducir.

 

Así el informe insta la retirada de la Ley de Violencia de Género entre otros por los siguientes motivos:

 

 

1.            Produce una situación de injusticia y violencia estructural e institucional para el varón que, acosado por una legislación que lo condena “a priori”, puede ser empujado a una venganza individual contra la mujer, que no se hubiera producido en caso de verse amparado por la ley en igualdad de condiciones con la mujer.

2.            Mina la credibilidad de las verdaderas denuncias, por lo que se acaba perjudicando a las auténticas víctimas. Además, las falsas denuncias de mujeres pueden tener efectos tan graves como si fueran verdaderas, pues en algunos casos no pueden frenarse aunque la mujer se retracte.

3.            Las altas tasas de litigiosidad, y los cuantiosos fondos dedicados sin resultados a paliar la violencia de género resta fondos en gastos y estructuras judiciales, que podrían aplicarse en ayudas a los verdaderos casos de violencia.

4.            No resulta demostrable que haya conseguido rebajar las cifras de violencia contra las mujeres. Al contrario, por causa de la perversión del sistema se han incrementado, resultando además imposible saber la realidad.

5.            Se incumple el derecho humano fundamental de igualdad entre hombres y mujeres, pese a que no hay alarma social ni circunstancias que justifiquen esa desigualdad legal (dado que la violencia de género no ocupa puestos relevantes en las encuestas oficiales sobre preocupaciones de los ciudadanos).

6.            Este tipo de leyes son medidas de discriminación positiva que conculcan derechos fundamentales, por lo que en su caso su utilización ha de ser de forma  temporal, siendo ya el momento de eliminarla y normalizar la situación.

 

El Presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia, don Javier Pérez- Roldán ya ha referido en numerosos foros la necesidad de “implantar un estado de igualdad efectiva de derechos entre los hombre y las mujeres, incentivando entre otras medidas la custodia compartida en los procesos de familia, pues dicha medida tendría el efecto real de implicar a los varones en el cuidado de los menores”.

 

Con la presentación de este informe las asociaciones promotoras pretenden concienciar a los organismos internacionales del desastre social que está produciendo en el ámbito familiar la creación de enfrentamientos artificiales entre los diferentes intervinientes en los procesos de familia, siendo necesario profundizar en medidas tendentes a solucionar las crisis matrimoniales para que no terminen en ruptura, o minimizar los efectos de las rupturas en los menores en caso de producirse.

Para leer un resúmen del informe (en inglés) puede descargarlo pulsando sobre el archivo adjunto

El Tribunal Supremo reconoce en Sentencia el síndrome post-aborto

publicado a la‎(s)‎ 6 nov. 2013 15:33 por Tomás Moro   [ actualizado el 6 nov. 2013 15:34 ]

El Centro Jurídico Tomás Moro establece un precedente jurisprudencial de gran transcendencia jurídica que cabe calificar como el mayor avance del movimiento cívico y pro vida de los últimos 25 años                        

El Tribunal Supremo reconoce en Sentencia el síndrome post-aborto

El Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 28/10/2013 establece un antes y un después en la lucha por la vida y a favor de las libertades civiles.

 

Madrid, 7 de noviembre de 2013.- El Centro Jurídico Tomás Moro se felicita de poder compartir con la sociedad civil un significativo avance jurisprudencial en la lucha por la vida.

 

Efectivamente, la Sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Audiencia Provincial de Barcelona a celebrar nuevamente el juicio contra el doctor Morín y el resto de imputados por la práctica de abortos ilegales, no sólo supone un avance por cuanto el Tribunal Supremo reconoce implícitamente que la Audiencia Provincial de Barcelona dictó una sentencia carente de la mas mínima técnica jurídica, sino que lo que es más importante, ha reconocido en Sentencia, que pasa a formar parte del repertorio jurisprudencial del más alto tribunal, una realidad sistemáticamente negada por el lobby abortista y por los partidos políticos que le secundan, a saber: la existencia del síndrome post- aborto.

 

Así la Sentencia del Tribunal Supremo dice textualmente en su folio 106 que "La Sala es consciente de las consecuencias, de muy distinto orden, asociadas a la anulación del juicio. No ignora la lacerante vivencia de las mujeres que pueden verse ahora obligadas a la indeseable evocación de un recuerdo que, en algunos casos, habrá llegado a marcar sus vidas. Sin embargo, el abandono por parte de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona de elementales exigencias técnico-jurídicas en el análisis de la prueba propuesta y en la valoración de su pertinencia, ha conducido a un escenario procesal que esta Sala no puede convalidar. Ello no es obstáculo para que exhortemos al órgano judicial que haya de asumir el enjuiciamiento a que la declaración de las mujeres afectadas –cuando su testimonio se considere indispensable- se desarrolle de forma que humanice su práctica, evitando así una victimización añadida a la que ya han experimentado."

 

Es decir, el Tribunal Supremo califica el aborto como lacerante vivencia de las mujeres, en otros palabras, el más alto Tribunal se permite el lujo de definir y calificar en sus propios términos la esencia misma del síndrome post- aborto.


Incluso el voto particular del Magistrado don Perfecto Andrés Ibáñez no hace más que profundizar en la declaración jurisprudencial del síndrome post- aborto. Dicho magistrado con acierto (aunque el Centro Jurídico discrepe de su voto particular) llega a decir que "las decenas de mujeres implicadas en este proceso, que padecieron el drama antes apuntado, tuvieron que vivir también el representado por la escenificación de su caso para terceros en un marco procesal. Con el resultado inevitable de dar a las, probablemente, más duras de sus vivencias, una visibilidad humanamente reñida con el carácter ultrapersonalísimo de las mismas".


Acierta el precitado magistrado al decir que el aborto es probablemente la más dura de las vivencias por las que puede pasar una mujer que siendo madre se ve impelida contra su voluntad a no serlo por multitud de factores sociales e ideológicos.


Como ya ha referido el letrado Javier Pérez- Roldán Suanzes "este reconocimiento implícito por parte del Tribunal Supremo del síndrome post- aborto es el mayor avance del movimiento cívico y pro vida de los últimos 25 años. Desde hoy ningún proabortista, ni ningún legislador podrá defender la inexistencia del síndrome post- aborto y de las tristes consecuencias físicas y psíquicas con que dicho síndrome marca de por vida a todas las mujeres sometidas a un aborto que en la mayoría de los casos no es voluntario, sino obligado por su entorno social o por circunstancia socio- económicas que nada tiene que ver con el derecho a decidir".


“Los magistrados que archivaron la causa de Morín deberían de asumir su responsabilidad”

publicado a la‎(s)‎ 6 nov. 2013 12:48 por Tomás Moro   [ actualizado el 6 nov. 2013 12:48 ]

El Centro Jurídico Tomás Moro celebra que se vuelve a repetir el juicio contra Morín 

“Los magistrados que archivaron la causa de Morín deberían de asumir su responsabilidad”


El Supremo considera que la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona “menoscabó el derecho de aportación probatoria” y considera que su actuación supone un “abandono de elementales exigencias técnico-jurídicas en el ámbito de las pruebas y en la valoración de su pertinencia”



Madrid, a 6 de noviembre de 2013. El Centro Jurídico Tomás Moro celebra que el Tribunal Supremo haya obligado a repetir el juicio contra el empresario de abortos Carlos Morín y 10 imputados más por 89 abortos ilegales. La sección 6º de la Audiencia Provincial de Barcelona archivó la causa porque los abortos se practicaron con el consentimiento y petición expresa de las embarazadas.


“No era ese el marco jurídico cuando se practicaron los abortos, sometida su despenalización a tres supuestos tasados de interpretación restrictiva según el Tribunal Constitucional”, señala el presidente del Centro Tomas Moro, Javier Pérez-Roldán. “La sentencia de Barcelona confirmaba nuestras sospechas de que la Ley Aído pretendía ser una ley de Amnistía para garantizar la impunidad de los empresarios que presuntamente actuaron al margen de la ley”, concluye


Pero es que además, el Supremo entiende que se ha vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva. La sentencia 793/2013 de la Sala de lo Penal del Supremo de 28 de octubre considera que la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona “menoscabó el derecho a la aportación probatoria” y que su actitud supuso un “abandono de elementales exigencias técnico-jurídicas en el análisis de pruebas y en la valoración de su pertinencia”.


En concreto, el Supremo cuestiona la calificación de impertinencia de la cámara oculta de la TV pública danesa. El Alto Tribunal entiende que el uso de la cámara oculta puede estar justificada aunque se vulnere el derecho a la intimidad. “La prohibición no es absoluta ni concluyente (…) No habría logrado ese testimonio si se hubiera identificado como periodista”, concluye el Supremo, quien además aclara que nunca indujeron a la comisión del delito juzgado.



Además, el Supremo considera inadecuado impedir que los periodistas de la televisión pública danesa pudieran testificar en el juicio. Y por último, también censura que los testimonios de los psiquiatras en los que reconocían que algunos de los informes se realizaban con posterioridad al aborto también fueran rechazados. “La indefensión fue total. Ahora el Supremo le afea la conducta pero su negligencia no tiene consecuencias; deberían asumir responsabilidades por un archivo fruto del abandono de las elementales exigencias jurídicas, como dice el Supremo”, concluye Pérez-Roldán.


Las Juventudes Socialistas piden perdón por el video ofensivo

publicado a la‎(s)‎ 26 jul. 2013 7:45 por Tomás Moro   [ actualizado el 26 jul. 2013 7:45 ]

Vista oral por el video “Bendito condón” 

Las Juventudes Socialistas piden perdón por el video ofensivo

Sevilla, 26/07/2013.- El ex presidente de las Juventudes Socialistas, Juan Carlos Ruiz Fuentes, pide perdón “por si alguien se hubiera sentido ofendido”. El Fiscal –en cambio- considera el video ofensivo: “No se puede permitir este tipo de comportamientos en un político”.

Centro Jurídico Tomas Moro. 26 de julio de 2013. Quien fuera presidente de las Juventudes Socialistas en el 2010, Juan Carlos Ruiz Fuentes, ha pedido perdón por el polémico video “Bendito condón”. Lo ha hecho en la vista oral celebrada en la mañana de este viernes 26. Antes de contestar a las preguntas de la acusación ha pedido perdón “por si alguien hubiera podido ofenderse”.

Posteriormente la juez le ha preguntado si hubiera hecho el polémico video si supiera el revuelo causado. “Por supuesto que no; yo no pretendía ofender a nadie; si hubiera sabido que iba a ofender, no lo habría hecho; si alguien se ha sentido ofendido, le pido disculpas”, reiteró.

De esta manera trata de escapar del tipo penal que obliga no sólo a que haya ofensa sino a que haya “animo de ofender”. Con este argumento el fiscal pide su absolución. Pero aclara que el video es “claramente ofensivo” y añade que “no se puede permitir que los políticos, aunque sea en las juventudes, tengan este tipo de comportamientos”.

Ruiz Fuentes pide perdón en el último minuto y en calidad de imputado. ¿Por qué no lo hizo desde el principio de la polémica?, le preguntó el abogado del Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), Javier Pérez-Roldán. “Nadie me pidió que lo hiciera; si me lo hubieran pedido lo habría hecho porque no estaba en mi ánimo el ofender”, respondió.

A pesar de la petición de perdón tardía, el CJTM se felicita de que por primera vez alguien que atenta contra los sentimientos religiosos pida perdón por unos hechos que resultan claramente ofensivos. “Con independencia de lo que dicte la juez nosotros nos damos por satisfechos; aceptamos el perdón solicitado confiando en que no se vuelva a repetir”, concluye Pérez-Roldán.



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