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El CJTM ante la reforma de las pensiones

publicado a la‎(s)‎ 22 feb. 2010 9:57 por Tomás Moro   [ actualizado el 23 feb. 2010 12:22 ]
Madrid, a 22 de febrero de 2010.- Ante el debate suscitado por el Gobierno sobre la previsible reforma de las pensiones, el Centro Jurídico Tomás Moro quiere recuperar debates olvidados y proponer ideas que contribuyan a un mejor planteamiento de las reformas pretendidas.

Por dicho motivo, el CJTM hace hoy público su informe sobre
“La reforma del sistema público de pensiones en España, con el fin de contribuir al debate público con fidelidad al único objetivo posible: la mejora del sistema público de protección social en España.

No obstante, lo primero que es necesario destacar es lo inoportuno del debate suscitado. Efectivamente, la forma de plantearlo adolece de los siguientes errores:

1.- El planteamiento de dicha reforma en un momento de crisis económica de imprevisibles consecuencias, no es el mejor momento para abordar tan trascendente reforma.

2.-La politización del debate.

3.- La configuración apriorística del debate mediante la propuesta de la reducción de las prestaciones.

En este sentido, es necesario recordar que ya en 1985 mediante la Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la realización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social (BOE 1-VIII-1985), se inició la política regresiva de los derechos de los trabajadores en materia de prestaciones de Seguridad Social. Cabe recordar que el gobierno socialista presidido por el Sr. González Márquez, recortó los beneficios sociales de los trabajadores mediante la exigencia de periodos más dilatados de cotización para tener derecho a las prestaciones, y la ampliación de los periodos de cálculo de las mismas. Con dicha norma, se rompió la tendencia histórica hacia la mejora de las prestaciones y se quebró el principio de la irreversibilidad de los derechos de la seguridad social, vigente hasta ese momento.

Parece que las circunstancias presentes en 1985 se repiten en la actualidad, y es fácil constatar que se ha reducido todo debate a un único debate: la reducción de las prestaciones sociales; sin embargo, se han abandonado criterios tan importantes como la racionalización del sistema, o la eficiencia y eficacia del mismo. De igual forma, se pretende reducir la protección social al pago de prestaciones económicas, sin explorar otros campos posibles, como el reforzamiento de la familia como máximo exponente de protección social, o el impulso adecuado de sistemas privados de previsión social configuradores de un sistema mixto de protección.

En este sentido, el Centro Jurídico Tomás Moro quiere poner el acento en el verdadero problema de fondo: las reducidas tasas de natalidad son las que provocan la quiebra del sistema público de prestaciones sociales, y muy especialmente de las prestaciones públicas de jubilación.

No deja de resultar irónico que el mismo Gobierno que plantea la ampliación del aborto, y que ha renunciado abiertamente a establecer medidas de protección a la familia, pretenda ahora atajar las perversas consecuencias de la ideología de género, del holocausto del aborto, y del envejecimiento poblacional, mediante una clara reducción de la protección social.

En igual sentido, cabe valorar las medidas adoptadas mediante la Ley 40/2007 de Medidas en Materia de Seguridad Social, medidas que entre otras materias afectaron al reconocimiento de las pensiones de viudedad en el supuesto de parejas de hecho. Entonces, se evidenció el negativo apoyo del Gobierno a la familia, y se transmitió a la opinión pública que dichas medidas únicamente ampliaban derechos. Ahora es fácil valorar que dichas medidas han contribuido al empeoramiento del estado financiero de la Seguridad Social, y que el beneficio de unos pocos, se constituye en el perjuicio de muchos.

Desde este Centro Jurídico abogamos por la consideración de las prestaciones públicas, no con un mero criterio economicista y materialista, sino como un auténtico sistema de protección social que ha de integrar necesariamente al resto de instituciones jurídicas de protección social.
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