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El CJTM denunciará al Gobierno por desvió de poder al no ilegalizar al PCTV.

publicado a la‎(s)‎ 1 ene. 2010 17:15 por Tomás Moro

Ante los resultados electorales de esta noche, que han vuelto a colocar a los terroristas en el Parlamento Vasco, el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro está estudiando presentar una demanda contra el Gabinete del Sr. Zapatero, pues según un informe del abogado director de las actuaciones llevadas a cabo, D. Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, “El artículo 70.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa define la desviación de poder como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Del mismo modo del artículo 106.1 de la Constitución Española, se deduce la ilegalidad de cualquier actuación administrativa que no se someta a los fines que la justifiquen y del 9.3 de la misma Constitución instaura la interdicción de la arbitrariedad. En el presente caso, el Gobierno conocía perfectamente la posibilidad de ilegalizar al PCTV pero no lo ha hecho por intereses partidista; y no hay que olvidar que la Administración puede incurrir por inactividad en desvió de poder. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 5 de octubre de 1983, de 3 de febrero de 1984, de 27 de septiembre de 1985 y de 2 de abril de 1993”.

El mismo Tribunal Supremo, en el auto de 15 de Abril por el que acordó inadmitir la demanda de nuestro Centro Jurídico, en su Fundamento de Derecho Primero vino a reconocer la existencia de motivos suficientes para la ilegalización del PCTV. No estimó nuestras pretensiones por falta de legitimación, pues sólo corresponde al Fiscal y al Abogado del Estado la iniciación de los trámites de ilegalización, pero, sin embargo, literalmente sentenció que “con todo, es patente que la vinculación de la legitimación con la cuestión de fondo de cada proceso hace que no sea extraño que, en ocasiones, se confunda la legitimación con la existencia del derecho discutido; por ello, es preciso afirmar con claridad que el pronunciamiento de inadmisión de este Auto en modo alguna prejuzga la suerte que pudiera correr otro proceso que fuera formulado por las partes legitimadas para ello.”
Las denuncias en su día presentadas por este Centro ante la Fiscalía y la demanda ante el Tribunal Supremo se fundaban principalmente en dos artículos de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos:

1. El Artículo 9.3 e), que contempla el supuesto de “ceder en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos”, cesión en la que había incurrido el PCTV al asumir públicamente en rueda de prensa en programa de AG.

2. Y el artículo 12.1 b) que establece que “Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto”. Esto quiere decir que si el Ministerio Fiscal o el Abogado del Estado hubieran presentado la correspondiente denuncia bastaba con indicios de ser el PCTV sucesor de EH, HB o Batasuna para acordar su ilegalización, correspondiendo en su caso al PCTV demostrar su no relación, y ello por cuanto la propia ley presume la continuidad con sólo la existencia de indicios. Que el PCTV fuera inscrito en el Registro de Partidos Políticos 25 días después de iniciarse las actuaciones procesales para la ilegalización de Batasuna y que cediera sus listas a AG era bastante. Si a eso le añadimos la participación en el PCTV de determinadas personas que pertenecieron a Batasuna, había motivos más que suficientes para acordar su ilegalización.

El Presidente del Centro, D. Víctor Lozano Martínez, reunirá las próxima semana a la Junta Directiva para acordar las medidas legales a tomar, pues estima que “el Centro debe poner en funcionamiento a todos sus abogados para dejar claro que la sociedad civil está dispuesta a no permitir que se utilice el terrorismo con fines partidistas. A nosotros nos importa no tener más muertos, pero al Gobierno parece que le interesa tener más votos”