Sala de prensa‎ > ‎Notas de prensa.‎ > ‎

En defensa del derecho a la justicia.

publicado a la‎(s)‎ 1 ene. 2010 17:14 por Tomás Moro

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, por Auto de 21 de septiembre, ha resuelto archivar la querella presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro contra el Fiscal General del Estado por presunta prevaricación continuada del mismo. En su resolución, el Tribunal Supremo sostiene que el Fiscal General actuó con “prudencia jurídica ajena a la arbitrariedad” sin aclarar suficientemente el fundamento de esta supuesta prudencia.

El Auto contiene, además, una crítica extremadamente dura contra el Centro Jurídico Tomás Moro, quien instó la querella. Esta crítica constituye un claro ataque al Derecho a obtener una tutela efectiva que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución. El Centro Jurídico tuvo razones legítimas para presentar la querella, y tiene legitimidad suficiente para sostener su argumentación. Como es de interés público conocerlas, las exponemos a continuación:

Primero.- Del contenido de los informes de los Servicios de Información que ha trascendido a la prensa se derivaba, en principio, la conexión entre el PCTV y otras fuerzas políticas ilegalizadas previamente en aplicación de la Ley de Partidos Políticos.

Segundo.- Esta conexión se hizo más evidente desde el momento en que el Juez Grande-Marlaska decidió imputar a cuatro de los promotores del PCTV por colaboración con ETA.

Tercero.- Para que la Sala pueda sostener que el Fiscal actuó con prudencia jurídica ajena a la arbitrariedad tendría que haber tenido acceso directo a los citado informes de los Servicios de Información, informes que el Centro Jurídico solicitó por medio de diligencia a practicar y que al no admitirse la querella no se practicó. Sin tener acceso a estos informes en su integridad no se puede afirmar la prudencia o no de la actuación del Fiscal General, pues si las Fuerzas y Cuerpos de seguridad afirmasen de manera indubitada la relación orgánica o funcional del PCTV con ETA o su entramado, la actitud del Fiscal no sería de calculada imprudencia, sino de silencio cómplice. Por tanto la Sentencia adolece de un grave defecto de fundamentación fáctica.

Cuarto.- Sostener la prudencia del Fiscal General es sostener la imprudencia del Juez Grande-Marlaska, pues si aquél es prudente al no estimar relación alguna entre el PCTV con el mundo ETARRA, éste será imprudente si con los mismos datos lo estima. Es más, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1999 (Caso Liaño), en su página 27 la «ley penal… no requiere más que una resolución injusta». Así pues, si el Fiscal General actuó conforme a justicia y no prevaricó, el Juez Grande-Marlaska, que con los mismos datos llega a conclusiones diferentes, estaría prevaricando. Según la línea de interpretación que sostuvo la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso del Juez Gómez de Liaño o bien uno o bien otro prevarica. El Magistrado Sr. Bacigalupo, presente en ambos asuntos parece no mantener ahora lo que sostuvo en el año 1999, y que por fuerza le llevaría a solicitar, de mantener tal tesis la incoación de una causa penal contra Grande-Malaska en aplicación del artículo 407 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (al “tener noticia de que algún acto de jueces o magistrados realizado en el ejercicio de su cargo… pueda calificarse de delito o falta”, habría venido obligado a comunicarlo, “oyendo previamente al Ministerio Fiscal, al tribunal competente, a los efectos de incoación de la causa”)

Quinto.- Olvida la Sentencia, al criticar a este Centro Jurídico, que nuestra actuación ha venido motivada no sólo por el escándalo originado a raíz de la inactividad del Fiscal, sino, lo que es más importante para nuestra entidad, como respuesta a los numerosos ciudadanos que se dirigieron directamente a nosotros requiriendo una actuación legal. El artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”. El artículo 3 concreta que para el cumplimiento de sus misiones le corresponderá “…3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa….”. Así pues, la prudencia sólo juega como criterio para elegir, en los casos en los que exista pluralidad de vías procesales, la más adecuada para obtener un resultado determinado, o puede venir a servir de discernimiento para elegir el momento procesal más oportuno para la solicitud de una medida, o para elegir un método de interpretación de un precepto confuso. Sin embargo, en las presentes actuaciones parece que la prudencia está identificada con las expectativas políticas de una posible negociación, lo que escapa de los cauces de legalidad marcados para la actuación del Fiscal, que, recordémoslo, no es actor político, sino jurídico, en nuestro sistema constitucional.

Sexto.- En el caso de la ilegalización del PCTV el Fiscal se negó a actuar, lo cual nos obliga a contemplar el supuesto, si estimamos la existencia de indicios suficientes de relación del PCTV con el entramado ETARRA, como un supuesto de prevaricación por omisión. En el presente caso se cumplen todos los requisitos de la comisión por omisión. Como argumento jurisprudencial basta citar la STS de 22 de enero de 1999 (RJ 1999/275), por cuanto afirma que la “estructura del tipo objetivo de comisión por omisión se integra por tres elementos que comparte con la omisión pura o propia, como son: a) una situación típica; b) ausencia de la acción determinada que le era exigida; y c) capacidad de realizarla; así como otros tres que le son propios y necesarios para que pueda afirmarse la imputación objetiva: la posición de garante, la producción del resultado y la posibilidad de evitarlo”. (Del mismo modo las STS de  22 de noviembre de 1999, RJ 1999/8718; de 9 de octubre de 2000, RJ 2000/44188; de 27 de noviembre de 2001, RJ 2001/1984, entre otras).
Séptimo.- Ahora bien, el tipo penal exige actuar “a sabiendas de su injusticia”. Sin embargo, a cualquier juzgador le es físicamente imposible penetrar en la conciencia de los justiciables, por lo que salvo supuestos de reconocimiento expreso por parte del autor del delito, no queda más remedio que acudir a pruebas indiciarias. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1992 (Asunto “Aceite de colza”), sostuvo que “cuando no existe prueba directa de un concreto estado de conciencia o de la voluntad, ha de acudirse a la denominada prueba de indicios o presunciones”. Nuestras presunciones son las siguientes:

a. El Fiscal General del Estado aseguró en sede parlamentaria que se estaba acometiendo un “reequilibrio ideológico” de la carrera fiscal. Esto deja en evidencia que su actuación pretende estar en consonancia no con principios de mérito o valía, sino con criterios políticos, que no pueden ser otros que los del Gobierno que le designó. No hay que olvidar que el  Ministro de Justicia aseguró en sede parlamentaria que los fiscales son elegidos por criterios políticos, no profesionales. Nadie duda que uno de los asuntos que mayor tiempo consume al actual Gobierno de España es la negociación con ETA. Así pues, la sumisión del Fiscal a los intereses partidistas puede ayudar a concluir de manera indiciaria la línea de actuación del Fiscal.

b. En el llamado caso Atutxa el Fiscal General se negó a recurrir el archivo de las actuaciones, y ello cuando el anterior Fiscal vio motivos suficientes en su día para iniciar el correspondiente procedimiento. Pues bien, no sólo no recurrió, sino que una vez que el TSJPV devolvió las actuaciones a la instructora para que se procediera al traslado de las diligencias al Fiscal y a la acusación para que en el plazo de 10 días solicitaran la apertura de juicio oral, comunicó que su intención era formular en su día escrito de conclusiones provisionales absolutorias para el acto del juicio oral. Añadió, además, una crítica despectiva a la entidad que instó el recurso, el Sindicato Manos Limpias, tachándoles de “ultraderechistas”, lo cual parece indicar también su interpretación política, no jurídica, de cualquier actuación judicial vinculada al entramado ETARRA.
c. En la apertura del año judicial, ha venido a hacer declaraciones entorno a la próxima y previsible desaparición de ETA muy en consonancia con las declaraciones públicas del Gobierno. De todos es conocido, por otra parte, que para que esta negociación salga adelante (como vaticina el Fiscal General) el Gobierno tiene que realizar determinadas cesiones al entorno ETARRA: ontológicamente no existe negociación sin cesión. El complemento necesario son las actuaciones judiciales llevadas a cabo por la Fiscalía y que más que a oportunidad jurídica responden a oportunidad política, como se desprende de los indicios ya señalados

——
Todos estos argumentos nos llevan a defender con dignidad no ya sólo nuestra actuación procesal, sino los intereses de los millones de españoles que han perdido la confianza en el Ministerio Fiscal.

Una inmensa mayoría de los españoles estima injusta la actuación del Fiscal. El Derecho concede mecanismos jurídicos para la defensa de los intereses legítimos de cualquier ciudadano. El Centro Jurídico Tomás Moro, de manera desinteresada, defiende los intereses colectivos cuando una parte significativa de la sociedad reclama su actuación. Así pues, y considerando la existencia de hechos jurídicamente relevantes para poder tipificar eventualmente la actuación del Fiscal como prevaricadora, ninguna tacha se puede poner a la pretensión defendida por este Centro Jurídico.