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Politización y déficit democrático ante el sobreseimiento de la casa contra Juan José Ibarretxe y Patxi López.

publicado a la‎(s)‎ 3 ene. 2010 1:32 por Tomás Moro

Nota de Prensa: El Centro Jurídico Tomás Moro vuelve a denunciar la politización de la justicia y el déficit democrático, con ocasión del Auto del TSJPV, por el que se sobresee la causa contra el Lehendakari Juan José Ibarretxe y el líder del PSE/EE, Patxi López, por reunirse con ex dirigentes de la ilegalizada Batusuna.

Madrid, 18 de enero de 2009.- Este Centro Jurídico no puede dejar de manifestar su estupor ante el Auto del TSJPV que sobresee la causa del llamado caso Ibarretxe “ante la ausencia de una acusación legítima”.

Efectivamente, la consideración de falta de legitimación a la acusación popular en este tipo de procedimientos, aplicando la “doctrina Botín”, supone un serio revés para todos aquellos operadores jurídicos que luchamos por la despolitización de la justicia y el ejercicio real por parte de la ciudadanía de las Libertades Democráticas.

No reconocer legitimación a la acusación popular, dejando  únicamente en manos de la Fiscalía la persecución de los delitos, acerca peligrosamente a nuestra justicia a las fronteras de los regímenes totalitarios. Las presiones políticas han supuesto la claudicación de un Poder Judicial en clara huida de la defensa de los intereses legítimos del pueblo español.

Superando el caso concreto, ya de por si escandaloso, este Centro Jurídico puede constatar que el actual Gobierno de la Nación, aplicando la doctrina ya conocida como Botín, por la que se considera insuficiente la acusación popular para abrir el procedimiento abreviado, está preparando su impunidad para futuras acciones judiciales contra los políticos que violen sistemáticamente los más básicos derechos constitucionales. Y es que los casos de corrupción y de arbitrariedad no tienen perjudicados directos, por lo que no cabe la acusación particular nunca, y sí perjudicados genéricos, los españoles, que deben poder defender sus derechos a través de las asociaciones civiles que esta ahora venían ejerciendo en estos casos la acusación popular.

Hoy constatamos la voluntad deliberada del Gobierno en su búsqueda de la impunidad judicial ante desmanes gubernamentales y políticos. Anteriores gobiernos socialista pudieron comprobar cómo la Justicia Española fue capaz de aguantar las presiones políticas encaminadas a evitar que los Juzgados y Tribunales pudieran controlar la legalidad de ciertas actuaciones corruptas y gravosas para el interés común, como fueron los numerosos escándalos de corrupción, ataques sistemáticos a la dignidad de las personas, o la organización de Grupos Terroristas amparados por la estructura gubernamental. El actual Gobierno ha aprendido la lección, y desoyendo el precedente judicial del caso Atutxa, por el que se reconoció capacidad suficiente a la acción popular para impulsar la apertura de juicio, en ausencia de perjudicados directos, pretende blindar jurídicamente a los políticos, impidiendo el control jurisdiccional de los actos políticos, por parte de la Magistratura.

El Auto de sobreseimiento que hoy dicta el TSJPV es un acta de defunción tanto de la libertad judicial como de la iniciativa popular en ejercicio de su poder soberano.

Hoy más que nunca es necesario entablar una triple defensa:

1-    Por la libertad judicial, para que los jueces españoles disfruten de un estatuto de independencia verdadero garante de la Justicia.
2-    Por la independencia del Ministerio Fiscal, para que el impulso fiscal proceda únicamente de consideraciones jurídicas, y no de instrucciones políticas.
3-    Por el reconocimiento verdadero del Derecho Constitucional a la tutela efectiva de jueces y tribunales, que todo ciudadano y asociación en defensa del interés común han de tener en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

Nuestra Constitución reconoce en su Artículo Primero, que España se constituye en un Estado Social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico de libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Este Centro Jurídico, considera que el ilícito e ilegítimo Auto del TSJPV, ha socavado los más elementales principios de la libertad, la justicia y la igual entre los ciudadanos, al incumplir la Sentencia del Tribunal Supremo, de ilegalización del Grupo Terrorista Batasuna, al dar carta de naturaleza a la cohabitación con terroristas, y al hacer de los políticos, ciudadanos de primera, no sean sometidos al control judicial.

Hoy, con gran dolor y estupefacción, este Centro Jurídico, se ve en la obligación de advertir a la sociedad española, que de no defender legítimamente su derecho, está en peligro de perder la democracia por la que en otro tiempo el pueblo español tuvo que luchar y sacrificar caudales de ilusión y esfuerzo sin límites. Si el poder político no se puede controlar, el régimen político real de España pasará a ser el de la Dictadura más ominosa, en la que el lobo viste de cordero y aprovechando la mansedumbre de la ciudadanía, ataca la esencia más preciada de la democracia: LA LIBERTAD.